LIBELO
ACUSATORIO
ANEXO
ARTÍCULO 1° INC. C) - RESOLUCIÓN H. CÁMARA DE DIPUTADOS N°
1431/2012
1.
OBJETO.
El Líbelo Acusatorio contra el Presidente de la República Fernando
Lugo Méndez , se funda en las consideraciones de hecho y de derecho que pasamos
seguidamente a exponer:
Nuestra Constitución Nacional,
en su Artículo 225, establece:
“El Presidente de la República, el Vicepresidente, los Ministros
del Poder Ejecutivo, los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal
General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la
República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia
Electoral, solo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de
sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos
comunes.
La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría
de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de
dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados
y, en su caso, declararlos culpables, al solo efecto de separarlos de sus
cargos. En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los
antecedentes a la justicia ordinaria”.
2. LOS HECHOS QUE MOTIVAN
ESTA ACUSACIÓN
2.1 ACTO POLÍTICO EN EL
COMANDO DE INGENIERÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS
En el año 2009, con autorización del Presidente Lugo, se realizó
una concentración política de jóvenes en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas
Armadas, el que fue financiado por instituciones del Estado, incluyendo a la
Entidad Binacional Yacyreta. Fernando Lugo reconoció que la Entidad Binacional
Yacyretá financió el encuentro de jóvenes socialistas de la región, llevado a
cabo en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas.
Esas instalaciones fueron utilizadas para la reunión de los
jóvenes, quienes colgaron banderas con alusiones políticas, llegando a izarse
una de ellas en sustitución del pabellón patrio.
Ese acto de naturaleza netamente política y con los exabruptos
ampliamente difundidos por los medios de prensa solo pudo ser realizado con la
autorización del Comandante en Jefe y prueba de que el Gobierno avaló,
instigó y facilitó esos actos políticos dentro del cuartel es que varios
importantes funcionarios del Gobierno participaron del evento pronunciando
discursos instigando a la lucha de clases, como el pronunciado por el entonces
Ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Camilo Soares.
2.2 CASO
ÑACUNDAY
Fue el Gobierno del Presidente Lugo el único responsable como
instigador y facilitador de las recientes invasiones de tierras en la zona de
Ñacunday. La falta de respuesta de las fuerzas policiales ante las invasiones de
supuestos carperos y sin tierras a bienes del dominio privado, solo han sido
parte de esa conducta cómplice.
El presidente Lugo ha utilizado a las fuerzas militares para
generar un verdadero estado de pánico en toda esa región, violando el derecho de
propiedad e ingresando a inmuebles de colonos, so pretexto de realizar el
trabajo de amojonamiento de la franja de exclusión fronteriza. Sin embargo, esos
trabajos eran acompañados por dirigentes de la Asociación de Carperos, quienes
abiertamente dirigían la labor de los técnicos y de los integrantes de las
fuerzas militares, que han dado lugar a interminables denuncias de los
propietarios y también incontables publicaciones periodísticas referidas a esa
situación.
Y mientras esas invasiones se producían y se daban a conocer
amenazas de otras más en otros departamentos de la República, el Presidente Lugo
se mostraba siempre con puertas abiertas a los líderes de esas invasiones, como
es el caso de José Rodríguez, Victoriano López, Eulalio López, entre otros,
dando un mensaje claro a toda la ciudadanía sobre su incondicional apoyo a
esos actos de violencia y de comisión de delitos que eran propiciados y
desarrollados a través de esas organizaciones.
Fernando Lugo ha sometido las fuerzas militares a los denominados
carperos, quienes han realizado todo tipo de abusos, agresiones y atracos a la
propiedad privada, a la vista de las fuerzas públicas, quienes no actuaron por
la indisimulada complicidad del Presidente de la República con esos agresores.
Los miembros de esta Cámara recordarán lo ocurrido con la Intendente Municipal
de Santa Rosa del Monday, María Victoria Salinas Sosa, quien fue víctima de un
violento ataque de carperos quienes la golpearon, patearon y destrozaron el
vehículo en el que se desplazaba.
2.3 CRECIENTE
INSEGURIDAD
El Presidente Lugo ha sido absolutamente incapaz de desarrollar
una política y programas que tiendan a disminuir la creciente inseguridad
ciudadana.
En estos 4 años de Gobierno, a pesar de los importantes recursos
financieros que le fueron proveídos por el Congreso Nacional para potenciar a la
fuerza pública, los resultados han sido no solo insatisfactorios sino también ha
quedado por demás demostrado la falta de voluntad del Gobierno para combatir
al Ejercito del Pueblo Paraguayo, que se ha convertido, al amparo y con la
complicidad del Gobierno, en el azote de los ciudadanos de los departamentos de
Concepción y San Pedro.
Los distintos operativos emprendidos por el Gobierno, muchas veces
con gran cobertura periodística, han tenido como único resultado el total
fracaso. Nunca en la historia de este país, la Policía Nacional ha tenido
tantas víctimas cobardemente asesinadas por los integrantes del EPP y, a pesar
de ello, la conducta complaciente del Presidente siguió
inalterable.
Todos los Miembros de esta Honorable Cámara de Diputados conocemos
los vínculos que el Presidente Lugo siempre ha mantenido con grupos de
secuestradores, que anteriormente se vinculaban al movimiento-partido Patria
Libre y cuya ala militar hoy se denomina EPP.
Los costosos operativos dispuestos por el Gobierno durante los dos
estados de excepción no han dado resultado alguno y, por el contrario, solo ha
generado una mayor fortaleza de ese grupo terrorista armado a través del
descrédito y las humillaciones a las que fueron sometidas las fuerzas
militares y policiales asignadas al operativo.
El Presidente Lugo es el responsable de la creciente inseguridad y
es responsable también por haber mantenido por tanto tiempo como Ministro del
Interior a una persona absolutamente inepta e incapaz para ocupar ese cargo. Esa
ineptitud, sumada a la indisimulada relación cómplice entre el Presidente Lugo y
los líderes de la asociación de carperos y otras organizaciones que fueron
protagonistas de innumerables invasiones de tierras y otros tipos de agresiones
son los que han propiciado y facilitado el lamentable suceso que costara la vida
a 17 compatriotas, 6 de ellos pertenecientes a la Policía Nacional y que fueron
cruelmente asesinados y a sangre fría por auténticos criminales, que también han
incitado y manipulado a campesinos del lugar. Luego de esa triste jornada, de la
que felizmente se tienen importantes datos y filmaciones que han sido
generosamente difundidas por distintos medios de prensa, solo se ha tenido una
posición absolutamente equívoca del Presidente de la República en relación a lo
ocurrido.
Fernando Lugo Méndez y varios de sus ministros, y en especial
Miguel López Perito y Esperanza Martínez, han pretendido tratar por igual a
los policía cobardemente asesinados y a aquellos que fueron protagonistas de
esos crímenes. El derecho a reclamar está consagrado por la Carta Magna pero
nadie está autorizado a cometer crímenes so pretexto de reclamar derechos y,
menos aún acabar con la vida de policías desarmados.
Esta misma actitud, se manifestó en la conferencia de prensa
brindada por Fernando Lugo con relación a lo ocurrido en la estancia Morumbi,
en donde ni siquiera tuvo la delicadeza de prometer el castigo de los asesinos
de esos policías y de quienes instigaron a los campesinos a tomar las armas so
pretexto de luchar por sus derechos.
El Presidente Fernando Lugo está propiciando y fomentando, a
través de algunos miembros de su gabinete y de sus cómplices que fungen de
dirigentes carperos y otras organizaciones campesinas, un conflicto social de
dimensiones impredecibles y que por su comprobada incapacidad no podrá luego
solucionar.
Personalmente, desde luego, manifiesto mi convicción de que el
camino de la crisis y el conflicto social y armado no será el producto de
negligencia o simple impericia del Presidente sino directamente el objetivo que
el mismo ha buscado durante el tiempo que fue obispo y que hoy pretende
desarrollar para proyectar y consolidar su anhelo de un régimen autoritario, sin
libertades, con la aniquilación de la libertad de prensa y la imposición del
partido único que profesan los enemigos de la democracia y los adherentes del
socialismo del Siglo XXI.
Fernando Lugo y sus ministros deben respetar el derecho de todos
los ciudadanos pero resulta inadmisible e injustificable que pretendan poner en
pie de igualdad a los criminales y a sus víctimas, a los asesinos y a los
policías que fueron cobardemente asesinados.
Mientras los familiares lloran por sus muertos, Fernando Lugo debe
estar reuniéndose con los cabecillas e instigadores de los sucesos ocurridos el
viernes pasado en Curuguaty y no se visualiza posibilidad alguna de que Fernando
Lugo rectifique su conducta, que ya ha costado decenas de vidas de compatriotas
que han caído víctimas de la inseguridad que él mismo se ha encargado y
esforzado de generar.
2.4 PROTOCOLO DE USHUAIA II.
Este documento constituye UN ATENTADO CONTRA LA SOBERANÍA de la
República del Paraguay y ha sido suscrito por el Presidente FERNANDO LUGO MENDEZ
con el avieso propósito de obtener un supuesto respaldo en su descarada marcha
contra la institucionalidad y el proceso democrático de la
República.
Dicho documento ya ha motivado un pronunciamiento de la Comisión
Permanente del Congreso Nacional, destacándose la falta de transparencia en el
procedimiento que dio lugar a la firma del documento y a su contenido al punto
que hasta la fecha, el Poder Ejecutivo no lo ha remitido al congreso para su
conocimiento y consideración. A través de ese documento, los países vecinos
podrían cortar el suministro de energía a la República del
Paraguay.
El documento firmado en Montevideo, en diciembre de 2011, para
remplazar al Protocolo de Ushuaia (Carta Democrática del Mercosur), tiene sus
orígenes en un documento previo, presentado ante la Unasur (Unión de Naciones
Suramericanas), que fue pergeñado por los presidentes de la región para
protegerse unos a otros. La principal características del
Protocolo de Ushuaia II es la identificación del Estado con la figura de los
presidentes para, en el nombre de la “defensa de la democracia”, defenderse unos
a otros.
2.5 CASO MATANZA
CURUGUATY
Ha quedado demostrado con los hechos acaecidos en los Campos
Morombi, Curuguaty, Departamento de Canindeyú, la patente inoperancia,
negligencia, ineptitud e improvisación de este gobierno liderado por Presidente
Fernando Lugo Méndez, que amerita la acusación de la Cámara de Diputados por mal
desempeño de funciones ante la Cámara de Senadores.
Fernando Lugo, hoy por hoy representa lo más nefasto para el pueblo
paraguayo, que se encuentra llorando la perdida de vidas inocentes debido a la
criminal negligencia y desidia del actual Presidente de la Republica, quien
desde que asumió la conducción del país, gobierna promoviendo el odio entre
los paraguayos, la lucha violenta entre pobres y ricos, la justicia por mano
propia y la violación del derecho de propiedad, atentando de ese modo
permanentemente contra la Carta Magna, las instituciones republicanas y el
Estado de Derecho.
No cabe duda que la responsabilidad política y penal de los
trágicos eventos registrados 15 de junio del presente año, que costó la vida de
17 ciudadanos paraguayos entre policías y campesinos, recae en el Presidente de
la República, Fernando Lugo , que por su inacción e incompetencia, dieron lugar
a los hechos acaecidos, de conocimientos públicos, los cuales no necesitan ser
probados, por ser hechos públicos y notorios. El incidente no surgió
espontáneamente, fue una emboscada a las fuerzas de seguridad; fue algo
premeditado, producto de un plan debidamente concebido, planificado y llevado a
la práctica, gracias a la complicidad e inacción del Gobierno de Fernando Lugo,
responsable directo de la crisis que hoy atraviesa nuestra amada
Patria.
Ya desde la Honorable Cámara de Diputados se levantaban voces de
advertencia, ya se avizoraba lo que hoy es una realidad, la perdida de vidas
humanas.
Hoy, podemos afirmar que este es el final que deseaba Fernando
Lugo, este fue siempre el plan ideado por el mismo, con la única finalidad de
crear las condiciones de crisis social y, conmoción interna que justifiquen un
asalto del presidente Fernando Lugo y sus seguidores a las instituciones de la
República, con el propósito de instalar un régimen contrario a nuestro sistema
Republicano. Este deseo desmedido, hoy nos hace lamentar las perdidas de vidas
humanas, en una cantidad nunca antes vista en la historia contemporánea de la
República del Paraguay.
Todas las evidencias, que son públicas, nos demuestran que los
acontecimientos de la semana pasada no fueron fruto de una circunstancia
derivada de un descontrol ocasional, por el contrario, fue un acto premeditado,
donde se embosco a las fuerzas del orden publico, gracias a la actitud cómplice
del Presidente de la Republica, quien hoy no solo debe de ser removido por
juicio político, sino que debe de ser sometido a la Justicia por los hechos
ocurridos, a fin de que esto sirva de lección a futuros gobernantes.
Estos grupos extremistas, como el autodenominado Ejército del
Pueblo Paraguayo (EPP) o los mal llamados Carperos, se fortalecieron día a día
gracias a la incompetencia y complacencia de Fernando Lugo, que en lugar de
combatirlos, como era su obligación, los recibía y apadrinaba. No cabe la menor
duda que Fernando Lugo ha fortalecido a estos grupos criminales, quienes hoy no
solo desafían y amenazan abiertamente a los ciudadanos honestos, sino que llegan
a lo más bajo que puede caer un ser humano, que es atentar contra la vida de
otro. Tan poco hoy importa al Presidente Lugo el Estado de Derecho y la vida
humana, que en lugar de enderezar rumbos, se mantiene en su posición,
manifestando que seguirá reuniéndose con estos criminales.
Fernando Lugo es el directo responsable de que hoy nuestro país
este viviendo días de luto. Tanto él como su incapaz ex Ministro del Interior
Carlos Filizzola, deben responder ante la ciudadanía por los trágicos
acontecimientos registrados en el Departamento de Canindeyú.
No existe voluntad alguna de combatir estas formas de violencia,
que tanto daño ya ha causado a nuestra sociedad, es por ello que debemos de
cumplir con nuestra obligación Constitucional, e iniciar el proceso de juicio
político por mal desempeño contra el Presidente de la República, quien desde que
asumió el Gobierno ha instado al incumplimiento de órdenes judiciales de
desalojo, así como a la promoción de mensuras judiciales sin mediar juicio entre
las partes, o abasteciendo de provisiones y enseres a los ocupantes de tierras
han sido los signos que marcaron las acciones y el temperamento de este
Gobierno.
3. PRUEBAS QUE SUSTENTAN
LA ACUSACIÓN
Todas las causales mencionadas más arriba, son de pública
notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro
ordenamiento jurídico vigente.
4.
CONCLUSIÓN.
El Presidente de la Republica Fernando Lugo Méndez ha incurrido en
mal desempeño de sus funciones en razón de haber ejercido el cargo que ostenta
de una manera impropia, negligente e irresponsable, trayendo el caos y la
inestabilidad política en toda la Republica, generando así la constante
confrontación y lucha de clases sociales, que como resultado final trajo la
masacre entre compatriotas, hecho inédito en los anales de la historia desde de
nuestra independencia nacional hasta la fecha, en tiempo de paz .
La causal de mal desempeño en sus funciones aparece en su actitud
de desprecio ante el derecho y las instituciones republicanas, socavando los
cimientos del Estado Social del Derecho proclamado en nuestra Carta Magna. Su
complaciente actuar lo hace cómplice por acción y omisión en todos los casos
antes citados, que legitiman la presente acusación.
5.-
DERECHO
Se funda la presente acusación por mal desempeño de funciones de
conformidad a lo establecido en el Articulo 225 de la Constitución
Nacional.
6.
PETITORIO.
6.1.- Definitivamente, la gestión del presidente Fernando Armindo
Lugo Méndez ha perjudicado enormemente los intereses supremos de la Nación, que
de continuar, apeligra gravemente la convivencia pacífica del pueblo paraguayo y
la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, por lo que se halla
sobradamente justificada hacer lugar a la presente acusación contra el
presidente Fernando Armindo Lugo Méndez por la Honorable Cámara de Senadores,
por mal desempeño de funciones.
6.2.- En mérito a los argumentos precedentemente señalados dicten
resolución, declarando culpable al presidente Fernando Armindo Lugo Méndez, y en
consecuencia, separarlo del cargo que ostenta, de conformidad a lo establecido
en el Artículo 225 de la Constitución Nacional
6.3.- En consecuencia remitir los antecedentes a la Justicia
Ordinaria.
